Resumen Ejecutivo

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestros comentarios al Informe Preliminar (en adelante, el Informe[1]) publicado por la Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), luego de culminada su investigación sobre la competencia en el mercado de comercio electrónico. El International Center for Law and Economics (“ICLE”) es un think-tank global de políticas públicas e investigación, no partidista y sin fines de lucro, fundado con el objetivo de construir las bases intelectuales para políticas sensatas y económicamente fundamentadas. ICLE promueve el uso de las metodologías del Análisis Económico del Derecho para informar los debates de política pública, y tiene una larga experiencia en la evaluación de leyes y políticas de competencia. El interés de ICLE es garantizar que la aplicaciones de las leyes de competencia y el impacto de la regulación sobre la competencia se base en reglas claras, precedentes establecidos, evidencia y un análisis económico sólido.

El Informe ha sido emitido en el marco de un procedimiento contemplado en la Ley de Competencia de México, conocido como “Investigaciones para Determinar Facilidades Esenciales o Barreras a la Competencia”, en virtud del cual COFECE iniciará una investigación “cuando existan elementos que sugieran que no existen condiciones efectivas de competencia en un mercado”. La AI es responsable de emitir un informe de investigación preliminar y proponer medidas correctivas. El Pleno de la COFECE podrá posteriormente adoptar o rechazar la propuesta.

Nuestros comentarios sugieren respetuosamente a los Comisionados de la COFECE no seguir las recomendaciones de la AI en lo que se refiere a la competencia en el mercado de comercio electrónico. Si bien el Informe es un esfuerzo loable por comprender el mercado de marketplaces y proteger la competencia en él —competencia que ha sido beneficiosa para los consumidores mexicanos—sus conclusiones y recomendaciones no siguen la evidencia ni los métodos y principios generalmente aceptados del Derecho de la Libre Competencia.

En primer lugar, de acuerdo con la Ley de Competencia mexicana, cualquier investigación debe apuntar a eliminar “restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”. Sin embargo, según información disponible públicamente, Amazon y Mercado Libre (MeLi), las dos empresas identificadas como “dominantes” en el informe, debe su éxito al hecho de que gozan de la preferencia de los consumidores, y cuentan la confianza de éstos, antes que a la existencia de “barreras a la competencia”. El informe también parece ignorar los beneficios para el consumidor que ofrecen los modelos de negocio de Amazon y MeLi (es decir, productos y servicios más baratos, entrega rápida, acceso más fácil a la información para comparar productos, etc.).

En segundo lugar, el Informe define un mercado relevante irrazonablemente “estrecho”, que incluye sólo “mercados en línea en múltiples categorías de productos y que operan a nivel nacional”. Esta definición de mercado ignora a otros minoristas en línea (como Shein o Temu) porque venden una selección menos amplia de productos, agregadores de comercio electrónico (como Google Shopping)  porque son “meros intermediarios” que conectan compradores y vendedores, sitios propios de vendedores (como Apple o Adidas) porque no operan en diversas categorías, así como tiendas físicas. Esta definición, artificialmente estrecha, distorsiona drásticamente la participación de mercado de Amazon y MeLi, haciéndola parecer mucho mayor de lo que realmente es.

En tercer lugar, esta distorsionada definición del mercado relevante conduce hacia la errada conclusión de que Amazon y MeLi ostentan una posición dominante, un requisito previo para la adopción de medidas aplicables a dichas empresas. Esta conclusión es errada porque el Informe utiliza un concepto de “barreras a la entrada” que parece considerar cualquier costo que enfrenten los nuevos participantes como una barrera a la entrada que protege a Amazon y MeLi de la competencia. Como explicamos más adelante, estos costos son costos comerciales regulares, no barreras específicas del mercado que impiden la entrada de nuevos actores. En efecto, la evidencia muestra que, efectivamente, han estado entrando regularmente nuevas empresas en el mercado.

Finalmente, el informe sugiere remedios que perjudicarían a los consumidores en lugar de beneficiarlos. El Informe sugiere obligar a Amazon y MeLi a separar sus servicios de streaming (como Amazon Prime) de sus programas de fidelización. Esto perjudicaría a los consumidores que actualmente disfrutan de beneficios combinados a un precio más bajo. Además, exigir que las plataformas sean interoperables conlas otros proveedores de logística sofocaría la innovación y la inversión, ya que estas plataformas no aprovecharían los beneficios de su infraestructura digital. Esta interoperabilidad obligatoria también podría perjudicar a los consumidores, quienes pueden atribuir fallas relacionadas con la entrega a los marketplaces, en lugar de a los proveedores de logística responsables de ellas, creando así un típico problema de “free-riding”.

I. Introducción

El Informe ha sido emitido en el marco de un procedimiento contemplado en el artículo 94 de la Ley de Competencia de México, conocido como “Investigaciones para Determinar Facilidades Esenciales o Barreras a la Competencia”. Según esta disposición, la COFECE iniciará una investigación “cuando existan elementos que sugieran que no existen condiciones de competencia efectiva en un mercado”. La investigación debería apuntar a determinar la existencia de “barreras a la competencia y al libre acceso a los mercados” o de “facilidades esenciales”.

La AI es responsable de emitir un informe de investigación preliminar y proponer medidas correctivas. El Informe deberá identificar el mercado objeto de la investigación con el fin de que cualquier persona interesada aporte elementos durante la investigación. Una vez finalizada la investigación, la AI emitirá un Informe, incluyendo las medidas correctivas que se consideren necesarias para eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente del mercado. Los agentes económicos potencialmente afectados por las medidas correctivas propuestas tienen la oportunidad de comentar y aportar evidencia. El Pleno de la COFECE puede posteriormente adoptar o rechazar las propuestas.

Entendemos y elogiamos las preocupaciones de la COFECE sobre la competencia en los mercados, pero cualquier investigación debe apuntar a eliminar “las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”, el propósito de la Ley de Competencia de México, según su Artículo 2. Las conclusiones y recomendaciones del Informe no parecen considerar las eficiencias generadas por los marketplaces líderes, lo que puede explicar por qué gozan de la preferencia de los consumidores.

De hecho, según información públicamente disponible, Amazon y MeLi, las dos empresas identificadas como “dominantes” en el informe, son debe su éxito a la preferencia y confianza de los consumidores. Según una fuente[2], por ejemplo:

La popularidad del marketplace de Amazon en México se basa en gran medida en la satisfacción del cliente. Amazon es la segunda plataforma de comercio electrónico más apreciada en México, según  una encuesta de Kantar, con un índice de satisfacción de 8.5 sobre 10. El feedback de los consumidores también es esencial para el éxito del mercado de Amazon, ya que permite a los compradores realizar compras exitosas. . Las reseñas de los consumidores también son esenciales para el éxito del marketplace de Amazon, ya que permiten a los compradores realizar compras informadas. Las buenas críticas destacan la velocidad y confiabilidad de Amazon (el énfasis es nuestro).

Según un estudio publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre el uso de plataformas digitales durante la pandemia de Covid-19, el 75.8% de los usuarios afirma estar satisfecho o muy satisfecho con las aplicaciones y páginas web que utiliza para comprar en línea. Precisamente MeLi y Amazon fueron las plataformas más mencionadas con un 67,3% y un 30,3% de menciones, respectivamente.[3]

El informe también parece ignorar los beneficios para el consumidor que ofrecen los modelos de negocio de Amazon MeLi (es decir, productos y servicios más baratos, entrega rápida, acceso más fácil a la información para comparar productos, etc.).

El Informe encuentra evidencia preliminar de que “no existen condiciones de competencia efectiva en el Mercado Relevante de Vendedores y en el Mercado Relevante de Compradores”, así como la existencia de tres “Barreras a la Competencia” que generan restricciones al funcionamiento eficiente de dichos mercados.

Las supuestas barreras consisten en:

1. “Artificialidad” en algunos componentes de los programas de fidelización de los mercados, ya que los servicios integrados en programas de fidelización que, sin estar directamente vinculados a la capacidad del mercado para llevar a cabo o facilitar transacciones entre compradores y vendedores, y que, conjuntamente con los “efectos de red” que se generan en las plataformas, afectan el comportamiento de los compradores;
2. “Opacidad” en el Buy Box[4], considerando que los vendedores en los mercados no tienen acceso a las formas en que Amazon y MeLi eligen los productos colocados en el Buy Box; y
3. Soluciones logísticas, ya que Amazon y MeLi no permiten que todos los proveedores de servicios logísticos accedan a las interfaces de programación de aplicaciones (APIs, por sus siglas en inglés) de sus plataformas, sino que “atan” los servicios de sus marketplaces con sus propios servicios de entrega.

Para eliminar estas supuestas barreras, el Informe propone tres remedios que se aplicarían a Amazon y MeLi:

1. La obligación de “desasociar” los servicios de streaming de los programas de membresía y/o fidelización (por ejemplo, Amazon Prime), así como de cualquier otro servicio no relacionado con servicio de marketplace (por ejemplo, juegos y música, entre otros);
2. La obligación de realizar todas las acciones que sean “necesarias y suficientes” para permitir a los vendedores ajustar libremente sus estrategias comerciales con pleno conocimiento de los procesos de selección del Buy Box; y
3. La obligación de permitir que empresas de logística de terceros se integren en las plataformas de Amazon y MeLi a través de sus respectivas API, y de garantizar que la selección de Buy Box no dependa de la elección del proveedor de logística a menos que afecte los “criterios de eficiencia y rendimiento”.

No estamos de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del Informe por las razones que se exponen a continuación:

II. Una definición del mercado relevante artificialmente restrictiva

Antes que un procedimiento de “abuso de posición dominante”, la investigación de mercado que condujo a la emisión del Informe fue el “procedimiento cuasi-regulatorio” descrito líneas arriba. Pero la redacción del artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica de México (bajo la cual se autorizó la investigación) sugiere contundentemente que la COFECE tiene que establecer (no simplemente afirmar que existe) una “ausencia de competencia efectiva”. Esto implicaría que existe una “falla del mercado” que impide la competencia, o que existe un agente económico con una posición dominante. El informe intenta mostrar esto último, pero lo hace de manera poco convincente.

Para determinar si una determinada empresa tiene una “posición dominante” (poder monopólico), las agencias de competencia deben primero definir un “mercado relevante” en el que la conducta o modelo de negocio cuestionado tenga un efecto. Aunque es común que las autoridades antimonopolio definan de manera restrictiva los mercados relevantes (a menudo, cuanto más pequeño es el mercado, más fácil es descubrir que el hipotético monopolista es, de hecho, un monopolista), creemos que el Informe va demasiado lejos en el caso que nos ocupa.

El Informe parece seguir el (mal) ejemplo de su homólogo estadounidense, la Comisión Federal de Comercio (FTC). Como explica Geoffrey Manne en un informe sobre la reciente denuncia[5] por monopolización de la FTC contra Amazon:

La denuncia de la FTC contra Amazon describe dos mercados relevantes en los que supuestamente se han producido daños anticompetitivos: (1) el “mercado de los grandes supermercados en línea” y (2) el “mercado de servicios de marketplaces en línea”.

… la demanda de la FTC limita el mercado de los supermercados en línea únicamente a las tiendas en línea, y lo limita aún más a las tiendas que tienen una “gran amplitud y profundidad” de productos. Esto último significa tiendas en línea que venden prácticamente todas las categorías de productos (“como artículos deportivos, artículos de cocina, indumentaria y electrónica de consumo”) y que también tienen una amplia variedad de marcas dentro de cada categoría (como Nike, Under Armour, Adidas , etc.). En la práctica, esta definición excluye los canales privados de marcas líderes (como la tienda en línea de Nike), así como las tiendas en línea que se centran en una categoría particular de productos (como el enfoque de Wayfair en muebles). También excluye las tiendas físicas que todavía representan la gran mayoría de las transacciones minoristas. Las empresas con importantes ventas en línea y físicas podrían contar, pero sólo sus ventas en línea se considerarían parte del mercado.[6]

El Informe hace algo similar. Define dos mercados relevantes;

1. Mercado Relevante de Vendedores: consiste en el servicio de marketplaces para vendedores, con dimensión geográfica nacional.
2. Mercado Relevante de Compradores: consiste en el servicio de marketplaces y tiendas en línea multicategoría para compradores en el territorio nacional, que incluye modelos de negocio de marketplaces (híbridos y no híbridos) y tiendas en línea con múltiples categorías de productos.

Ambos mercados, sin embargo, están definidos de forma irrazonablemente restrictiva. Al alegar que los grandes mercados en línea “se han posicionado como una importante opción”, la agencia ignora la competencia de otros minoristas, tanto on-line como off-line. El Informe ignora otras plataformas de comercio electrónico, como Shein[7] y Temu[8] de China, que han ganado tanto popularidad como participación en el mercado publicitario. El Informe tampoco menciona los agregadores de comercio electrónico como Google Shopping, que permiten a los consumidores buscar casi cualquier producto, compararlos y encontrar ofertas competitivas; así como la competencia de sitios web de comercio electrónico propiedad de los propios vendedores, como Apple o Adidas.

Esta exclusión es, por decir lo menos, discutible. Para competir con una “super-tienda online”, las tiendas online no tienen que contar necesariamente con la misma gama de productos que tienen Amazon o MeLi, porque “los consumidores compran productos, no tipos de tiendas”[9]:

De hecho, parte de la supuesta ventaja de las compras en línea (cuando es una ventaja) es que los consumidores no tienen que agrupar las compras para minimizar los costos de transacción de visitar físicamente a un minorista tradicional. Mientras tanto, otra parte de la ventaja de las compras en línea es la facilidad de comparar precios: los consumidores ni siquiera tienen que cerrar una ventana de Amazon en sus computadoras para verificar alternativas, precios y disponibilidad en otros lugares. Todo esto socava la afirmación de que el “one-stop shopping” es una característica definitoria del supuesto mercado relevante.[10]

El Informe también parece ignorar la competencia que representan por los minoristas tradicionales, que disciplinarían cualquier intento de Amazon o Meli de explotar su poder de mercado. Por supuesto, cuántos consumidores podrían cambiar de proveedor y en qué medida eso afectaría a los marketplaces en cuestión son cuestiones empíricas. Pero no hay duda de que al menos algunos consumidores podrían cambiarse. Sobre el particular, es importante recordar que la competencia se produce en los márgenes. En consecuencia, no es necesario que todos los consumidores cambien para afectar las ventas y las ganancias de una empresa.

El informe hace mención a las ventas a través de las redes sociales, pero no las incluye en el mercado relevante. Desde nuestro punto de vista las redes sociales como canal de ventas deben considerarse como un sustituto razonable de Amazon y Meli, considerando que el 85% de las pequeñas y medianas empresas recurrieron a Facebook, Instagram y WhatsApp durante la pandemia de Covid-19 para publicitar y vender sus productos.[11] La Guía Comercial publicada por la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos para México informa que “los compradores mexicanos están muy influenciados por las redes sociales a la hora de realizar compras. El cuarenta y tres por ciento de los compradores de comercio electrónico han comprado a través de comercio conversacional o comercio electrónico (ventas a través de Facebook o WhatsApp) y el 29 por ciento a través de “lives” o transmisiones en vivo”.[12]

También hay evidencia empírica de que Amazon no sólo compite, sino que compite intensamente con otros canales de distribución, y tiene un efecto neto positivo en el bienestar de los consumidores mexicanos. Un artículo[13] de 2022 encontró que:

1. El comercio electrónico y los minoristas tradicionales en México operan en un único mercado minorista, altamente competitivo; y,
2. La entrada de Amazon ha generado un importante efecto procompetitivo al reducir los precios minoristas de las tiendas físicas y aumentar la selección de productos para los consumidores mexicanos.

El mismo documento concluye que la entrada al mercado de productos vendidos y entregados por Amazon dio lugar a reducciones de precios de hasta un 28%.[14] A la luz de esta evidencia, creemos que es un error suponer que mercados como Amazon y MeLi no compiten con otros minoristas. Por tanto, estos últimos deberían incluirse en el mercado relevante.

Por si esta estrecha definición del mercado relevante no fuera suficiente, el informe combina las cuotas de mercado de Amazon y MeLi, para concluir que, ambas empresas ostentan más del 85% de las ventas y transacciones en el Mercado Relevante de Vendedores durante el periodo analizado, y el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) supera los dos mil puntos (por tanto, el mercado sería “altamente concentrado”). Asimismo, en el “Mercado Relevante de Compradores” el HHI se estimó, para 2022, en 1614 unidades, y los tres principales participantes concentran el 61% (sesenta y uno por ciento) del mercado. En ambos mercados, los demás participantes tienen una participación significativamente menor.

Pero ¿por qué combinar la cuota de mercado de Amazon y MeLi, como si actuaran como una sola empresa? Dada la definición de mercado de la AI, Amazon y MeLi (por lo menos) estarían compitiendo entre sí. El continuo crecimiento del mercado y la evolución de las respectivas cuotas de mercado de las empresas indican que así es. Un artículo de 2020, por ejemplo, informa que:

Cadenas de autoservicios, departamentales y nativas digitales tienen un objetivo en común: ser quien acapare más mercado en el comercio electrónico en México. En esta batalla, Amazon y Mercado Libre se ponen a la cabeza, pues son las dos firmas que concentran casi un cuarto del total de mercado de este rubro.

Al cierre de 2019, Amazon contaba con un cuota de mercado del 13.4%, que lo colocaba al frente de los demás competidores. Ese mismo año, con 11.4% se encontraba Mercado Libre”.[15]

También es inconsistente con la hipótesis de un mercado con “barreras a la competencia” el hecho de que el mercado de comercio electrónico está creciendo continuamente en México, que ahora es el segundo mercado de comercio electrónico más grande de América Latina.[16]

Es sólo sobre la base de una descripción distorsionada del mercado relevante que puede arribarse a la conclusión de que Amazon y MeLi tienen “el poder de fijar precios” (otra forma de decir “poder de monopolio”). Teniendo en cuenta lo explicado líneas arriba, esa conclusión debe rechazarse.

III. Una injustificada determinación de la existencia de una “posición dominante”

Incluso si se acepta la definición de mercado del Informe y, por lo tanto, se considera que Amazon y MeLi tienen una participación de mercado significativa, ambas empresas aún podrían enfrentar la competencia de nuevos participantes, atraídos al mercado por los precios más altos (u otras condiciones “explotativas”) que cobrarían a los consumidores. Según el Informe, sin embargo, existen varias barreras que obstaculizan “la entrada y la expansión” en ambos mercados relevantes. Entre ellos, el Informe menciona, por ejemplo:

1. Barreras de entrada relacionadas con los altos montos de inversión para el desarrollo del mercado, así como para el desarrollo de herramientas tecnológicas integradas al mismo…. Además, se requieren altos montos de inversión relacionados con el desarrollo de infraestructura logística y en capital de trabajo relacionado con fondos necesarios para cubrir gastos operativos, inventarios, cuentas por cobrar y otros pasivos corrientes; y,
2. Barreras de entrada relacionadas con inversiones considerables en publicidad, marketing y relaciones públicas. Para atraer un número importante de compradores y vendedores a la plataforma que garantice el éxito del negocio, es imperativo contar con una marca bien posicionada, reconocida y con buena reputación.

Sin embargo, y contrariamente a lo que afirma el Informe, estos son costos de hacer negocios, no “barreras de entrada”. Como explicó convincentemente Richard Posner, el término “barrera de entrada” se utiliza comúnmente para describir cualquier obstáculo o costo que enfrentan los entrantes al mercado[17]. Pero según esta definición (aparentemente adoptada por el Informe), cualquier costo es una barrera de entrada. Basándose en la definición más precisa de George Stigler, Posner sugirió definir una barrera de entrada como “una condición que impone a un nuevo entrante costos de producción a largo plazo más altos que los que soportan las empresas que ya están en el mercado”.[18] En otras palabras, bien entendida, una barrera a la entrada es un costo asumido por los nuevos participantes, que no fue asumido por los ya actores establecidos.

La definición de “barreras de entrada” de la AI también contradice la definición dada por la sección IV del artículo 3 de la Ley de Competencia de México, según la cual una barrera a la competencia es:

Cualquier característica estructural del mercado, acto o hecho realizado por Agentes Económicos con el propósito o efecto de impedir el acceso a competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impida o distorsione el proceso de competencia y libre acceso a los mercados, así como cualquier disposición legal emitida por cualquier nivel de gobierno que impida o distorsione indebidamente el proceso de competencia y libre acceso a los mercados.

Por supuesto, Amazon y MeLi tienen algunas ventajas sobre otras empresas en términos de infraestructura, conocimientos, escala y goodwill. Pero esas ventajas no cayeron del cielo. Amazon y MeLi los construyeron con el tiempo, invirtiendo (y continuando invirtiendo) a menudo enormes cantidades para lograrlo. Incluso los “efectos de red”, a menudo considerados como una fuente inevitable de monopolio, no son un obstáculo definitivo para la competencia. Como han señalado Evans y Schmalensee:

la investigación sistemática sobre plataformas en línea realizada por varios autores, incluido uno de nosotros, muestra una considerable rotación en el liderazgo de las plataformas en línea en períodos inferiores a una década. luego está la colección de plataformas muertas o marchitas que salpican este sector, incluidas blackberry y windows en los sistemas operativos de teléfonos inteligentes, aol en mensajería, orkut en redes sociales y yahoo en medios masivos en línea.[19]

La idea de que Amazon y MeLi están protegidas por barreras de entrada también se contradice con la entrada de nuevos rivales, como Shein y Temu.

Como se explicó anteriormente, el Informe también combina erróneamente las participaciones de mercado de Mercado Libre y Amazon, para alcanzar una participación de mercado combinada del 85% (ochenta y cinco por ciento) de las ventas y transacciones en el Mercado Relevante de Vendedores; y luego combina la participación de mercado de los tres principales participantes del mercado en el Mercado Relevante para Compradores para alcanzar una participación de mercado del 61% (sesenta y uno por ciento) del mercado. Esto es muy problemático, ya que esas empresas no son una sola entidad económica y, por lo tanto, presumiblemente (a falta de evidencia de colusión) debe asumirse que compiten entre sí.

En todo caso, las cuotas de mercado producidas por el Informe sólo conducen a un IHH alto, lo que a su vez muestra que el mercado está “altamente concentrado” (si se acepta la estrecha definición de mercado del Informe). Pero la concentración es un pobre indicador del poder de mercado. Los economistas han estudiado la relación entre la concentración y diversos indicios potenciales de efectos anticompetitivos (precio, margen, ganancias, tasa de rendimiento, etc.) durante décadas, y la evidencia empírica es más que suficiente para decir que la concentración podría conducir a problemas de competencia.[20] No es per se una prueba de falta de competencia, y mucho menos de una posición dominante.

Como resumió recientemente Chad Syverson:

Quizás el problema conceptual más profundo de la concentración como medida del poder de mercado es que es un resultado, no un determinante central inmutable de cuán competitivo es una industria o un mercado… Como resultado, la concentración es peor que un simple barómetro poco preciso del poder de mercado. En realidad, ni siquiera podemos saber en general en qué dirección está orientado el barómetro.[21]

IV. Los remedios propuestos van a perjudicar al consumidor antes que beneficiarlo

Incluso si aceptáramos la definición de mercado relevante sugerida por el Informe y su determinación de la existencia de una posición dominante, los remedios propuestos —que podrían resumirse en la separación obligatoria de los servicios de streaming de Amazon y MeLi de sus programas de fidelización (como Prime de Amazon) y hacer que (al menos parte de) sus plataformas sean “interoperables” con otros servicios logísticos—perjudicaría a los consumidores, en lugar de beneficiarlos.

Amazon Prime, por ejemplo, ofrece a los consumidores muchos beneficios atractivos: acceso a streaming de vídeo y música; ofertas y descuentos especiales; y, por último, pero no menos importante, envío gratuito en dos días. Según el Informe, estos “son una estrategia artificial que atrae y retiene a los compradores, a la vez que reduce que los compradores y vendedores usen marketplaces alternativos.”

No está del todo claro qué significa el término “artificial” en este contexto, pero parece implicar algo fuera de los límites de la competencia “natural”. Sin embargo, la estrategia de negocio que describe el Informe es la definición misma de competencia. Las empresas que compiten en un mercado siempre eligen un “paquete” de atributos que combinan en un solo producto. En cierta medida “apuestan” por un conjunto de características (funcionalidad, materiales, términos y condiciones) que implican asumir determinado costos, que luego ofrecen a un precio determinado, que puede ser asumido por clientes dispuestos (o no). Incluso con información imperfecta, los mercados (es decir, los vendedores y los consumidores) son los agentes mejor calificados para “decidir” el nivel apropiado de “agrupación” de un producto, no las agencias de competencia o los tribunales.

Un mandato para desagregar los servicios de streaming en realidad degradaría la experiencia de los consumidores online, quienes tendrían que contratar y pagar esos servicios por separado[22]. La prestación independiente de dichos servicios no se beneficiaría de las economías de escala y alcance de Amazon o MeLi y, por tanto, sería más cara. Ofrecer más beneficios a los consumidores a un precio determinado es lo precisamente lo que queremos que hagan los competidores. Tratar el beneficio para el consumidor como un daño es un contrasentido para el Derecho y las políticas de competencia (y, de hecho, para la noción misma de competencia).

Por otro lado, el informe también propone ordenar la apertura del Buy Box y modificar sus reglas, a fin de que sea neutral para todos los proveedores de logística. Exigir que se permita a dichos proveedores ofrecer sus servicios en Amazon o Mercado Libre equivale a considerar estas plataformas como “operadores comunes”, tal como los legisladores y reguladores hicieron con las antiguas redes de telefonía del siglo XX. Sin embargo, esta clasificación y las reglas que de ella se derivan (neutralidad y regulación de precios, entre otras) fueron diseñadas para mercados con monopolios naturales, donde la competencia no es posible, o incluso indeseable.[23] Pero no hay evidencia de que este sea el caso de los marketplaces de comercio electrónico. Por el contrario, las plataformas digitales son mucho más competitivas. En este contexto, el aplicara éstas las normas del tipo “common carrier” sólo crearía “free-riding” e incentivos negativos para la inversión y la innovación (tanto por parte de los actuales participantes del mercado como de los nuevos entrantes). Los vendedores y proveedores de logística tienen muchas otras opciones para acceder a los consumidores. No existe ninguna justificación económica o legal para ordenar su acceso mandatorio a las plataformas de Amazon o MeLi.

En resumen, las conclusiones erróneas del Informe conducen a soluciones aún peores. Tales soluciones no promoverían la competencia en México ni beneficiarían a los consumidores.

[1] El texto completo de el Informe (en su versión pública) está disponible en el siguiente enlace: https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2024/02/Dictamen_Preliminar_Version_Publica.pdf.

[2] La Patria, ¿Qué tan popular es el marketplace de Amazon en México? (23 Apr. 2023), https://www.lapatria.com/publirreportaje/que-tan-popular-es-el-marketplace-de-amazon-en-mexico.

[3] Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adopción, Uso y satisfacción de las aplicaciones y herramientas digitales para compras y banca en línea, videollamadas, redes sociales, salud y trámites gubernamentales en tiempos de Covid-19 (Jan 19, 2022), https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/aplicacionesyherramientasdigitalesentiemposdecovid19.pdf.

[4] El “Buy Box” o, traduciendo literalmente el “Recuadro de compra” es un cuadro que normalmente se encuentra en el lado derecho de la página web del marketplace cuando los clientes buscan un producto. Estar en esta casilla es una ventaja para el vendedor porque no solo resalta su producto, sino que también facilita el proceso de pago. Por supuesto, esto también es una ventaja para los consumidores, que pueden encontrar y comprar productos más rápido.

[5] Ver: https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/1910129-1910130-amazoncom-inc-amazon-ecommerce.

[6] Geoffrey A. Manne, Gerrymandered Market Definitions in FTC v. Amazon (Jan. 26, 2024), https://laweconcenter.org/resources/gerrymandered-market-definitions-in-ftc-v-amazon.

[7] Ver, por ejemplo: Krystal Hu y Arriana McLymore, Exclusive: Fast-fashion giant Shein plans Mexico factory, Reuters (Mayo 24, 2023), https://www.reuters.com/business/retail-consumer/fast-fashion-giant-shein-plans-mexico-factory-sources-2023-05-24.

[8] Ver, por ejemplo: Rising E-commerce Star: The Emergence of Temu in Mexico, BNN (Sep. 25, 2023), https://bnnbreaking.com/finance-nav/rising-e-commerce-star-the-emergence-of-temu-in-mexico.

[9] Geoffrey A. Manne, Ibid.

[10] Ibid.

[11] Expansión, El 85% de las Pymes usa redes sociales para vender en línea (28 Jul. 2021), https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/28/el-85-de-las-pymes-usa-redes-sociales-para-vender-en-linea.

[12] International Trade Organization, Mexico – Country Commercial Guide, (Nov. 5, 2023), https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-ecommerce.

[13] Raymundo Campos Vázquez et al., Amazon’s Effect on Prices: The Case of Mexico, Centro de Estudios Económicos, Documentos de Trabajo, Nro. II (2022), https://cee.colmex.mx/dts/2022/DT-2022-2.pdf.

[14] Ibid, p. 23.

[15] El CEO, Amazon y Mercado Libre se disputan la corona del comercio electrónico en México (Mar 17, 2020), https://elceo.com/negocios/amazon-y-mercado-libre-se-discuten-la-corona-del-comercio-electronico-en-mexico.

[16] “Over the last few years, online buying and selling have gained considerable ground in Mexico, so much so that the country has positioned itself as the second largest e-commerce market in Latin America. With a rapidly increasing online buying population, it was forecast that nearly 70 million Mexicans would be shopping on the internet in 2023, a figure that would grow by over 26 percent by 2027.”). Stephanie Chevalier, E-commerce market share in Latin American and the Caribbean 2023, by country, Statista, March 25, 2024, https://www.statista.com/statistics/434042/mexico-most-visited-retail-websites.

[17] Richard Posner, Antitrust Law (2nd. Ed. 2001), pp.73-74.

[18] Ibid., p. 74.

[19] David S.Evans and Richard Schmalensee, Debunking the “network effects” bogeyman, Regulation (Winter 2017-2018), at 39, https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/12/regulation-v40n4-1.pdf.

[20] Sólo para citar alguos de los ejemplos más relevante de una amplia literatura, ver: Steven Berry, Martin Gaynor, & Fiona Scott Morton, Do Increasing Markups Matter? Lessons from Empirical Industrial Organization, 33J. Econ. Perspectives 44 (2019); Richard Schmalensee, Inter-Industry Studies of Structure and Performance, in 2 Handbook of Industrial Organization 951-1009 (Richard Schmalensee & Robert Willig, eds., 1989); William N. Evans, Luke M. Froeb, & Gregory J. Werden, Endogeneity in the Concentration-Price Relationship: Causes, Consequences, and Cures, 41 J. Indus. Econ. 431 (1993); Steven Berry, Market Structure and Competition, Redux, FTC Micro Conference (Nov. 2017), available at https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/1208143/22_-_steven_berry_keynote.pdf; Nathan Miller, et al., On the Misuse of Regressions of Price on the HHI in Merger Review, 10 J. Antitrust Enforcement 248 (2022).

[21] Chad Syverson, Macroeconomics and Market Power: Context, Implications, and Open Questions 33 J. Econ. Persp. 23, (2019) at 26.

[22] Ver, sobre el particular: Alden Abbott, FTC’s Amazon Complaint: Perhaps the Greatest Affront to Consumer and Producer Welfare in Antitrust History, Truth on the Market (September 27, 2023), https://truthonthemarket.com/2023/09/27/ftcs-amazon-complaint-perhaps-the-greatest-affront-to-consumer-and-producer-welfare-in-antitrust-history.

[23] Ver, por ejemplo: Giuseppe Colangelo y Oscar Borgogno, App Stores as Public Utilities?, Truth on the Market (January 19, 2022), https://truthonthemarket.com/2022/01/19/app-stores-as-public-utilities.

A year after it was created by the Government of India’s Ministry of Corporate Affairs to examine the need for a separate law on competition in digital markets, India’s Committee on Digital Competition Law (CDCL) in February both published its report[1] recommending adoption of such rules and submitted the draft Digital Competition Act (DCA), which is virtually identical to the European Union’s Digital Markets Act (DMA).[2]

The EU has touted its new regulation as essential to ensure “fairness and contestability” in digital markets. And since it entered into force early last month,[3] the DMA has imposed strict pre-emptive rules on so-called digital “gatekeepers,”[4] a cohort of mostly American tech giants like Google, Amazon, Apple, Meta, and Microsoft.

But despite the impressive public-relations campaign[5] that the DMA’s proponents have been able to mount internationally, India should be wary of reflexively importing these ready-made and putatively infallible solutions that promise to “fix” the world’s most successful digital platforms at little or no cost.

I. Not So Fast

The first question India should ask itself is why?[6] Echoing the European Commission, the CDCL argues that strict ex-ante rules are needed because competition-law investigations in digital markets are too time-consuming. But this could be a feature, not a bug, of competition law. Digital markets often involve novel business models and zero or low-price products, meaning that there is nearly always a plausible pro-competitive explanation for the impugned conduct.

When designing rules and presumptions in a world of imperfect information, the general theme is that, as confidence in public harm goes up, the evidentiary burden must go down. This is why antitrust law tilts the field in the enforcer’s favor in cases involving practices that are known to always, or almost always, be harmful. But none of the conduct covered by the DCA falls into this category. Unlike with, say, price-fixing cartels or territorial divisions, there is currently no consensus that the practices the DMA would prohibit are generally harmful or anticompetitive. To the contrary, when assessing a self-preferencing case against Google in 2018, the Competition Commission of India (CCI) found important consumer benefits[7] that outweighed any inconveniences they may impose on competitors.

By imposing per se rules with no scope for consumer-welfare or efficiency exemptions, the DCA could capture swaths of procompetitive conduct. This is a steep—and possibly irrational—price to pay for administrative expediency. Rather than adopt a “speed-at-all-costs” approach, India should design its rules to minimize error costs and ensure the system’s overall efficiency.

II. The Costs of Ignoring Cost-Benefit Analysis

But this cannot be done, or it cannot be done rationally, unless India is crystal clear about what the costs and benefits of digital-competition regulation are. As things stand, it is unclear whether this question has been given sufficient thought.

For one, the DCA’s goals do not seem to align well with competition law. While competition law protects competition for the ultimate benefit of consumers, the DCA—like the DMA—is concerned with aiding rivals, rather than benefiting consumers. Unmooring digital competition regulation from consumer welfare is ill-advised. It opens the enforcer to aggressive rent seeking by private parties with a vested interest in never being satisfied,[8] who may demand far-reaching product-design changes that don’t jibe with what consumers—i.e., the public at-large—actually want.

Indeed, when the system’s lodestar shifts from benefiting consumers to facilitating competitors, there is a risk that the only tangible measure of the law’s success will be the extent to which rivals are satisfied[9] with gatekeepers’ product-design changes, and their relative market-share fluctuations. Sure enough, the European Commission recently cited stakeholders’ dissatisfaction[10] as one of the primary reasons to launch five DMA noncompliance investigations, mere weeks after the law’s entry into force. In the DCA’s case, the Central Government’s ability to control CCI decisions further exacerbates the risk of capture and political decision making.

While digital-competition regulation’s expected benefits remain unclear and difficult to measure, there are at least three concrete types of costs that India can, and should, consider.

First, there is the cost of harming consumers and diminishing innovation. Mounting evidence from the EU demonstrates this to be a very real risk. For example, Meta’s Threads was delayed[11] in the EU block due to uncertainties about compliance with the DMA. The same happened with Gemini, Google’s AI program.[12] Some product functionalities have also been degraded. For instance, in order to comply with the DMA’s strict self-preferencing prohibitions, maps that appear in Google’s search results no longer link to Google Maps, much to the chagrin of European users.[13]

Google has also been forced to remove[14] features like hotel bookings and reviews from its search results. Until it can accommodate competitors who offer similar services (assuming that is even possible), these specialized search results will remain buried several clicks away from users’ general searches. Not only is this inconvenient for consumers, but it has important ramifications for business users.

Early estimates suggest that clicks from Google ads to hotel websites decreased by 17.6%[15]as a result of the DMA. Meanwhile, on iOS, rivals like Meta[16] and Epic Games[17] are finding it harder than they expected to offer competing app stores or payment services. At least some of this is due to the reality that offering safe online services is a costly endeavour. Apple reviews millions of apps every year[18] to weed out bad actors, and replicating this business is easier said than done. In other words, the DMA is falling short even on its own terms.

In other cases, consumers are likely to be saddled with a litany of pointless choices, as well as changes in product design that undermine user experience. For example, the European Commission appears to believe that the best way to ensure that Apple doesn’t favor its own browser on iOS is by requiring consumers to sift through 12 browser offerings[19] presented on a choice screen.[20] But consumers haven’t asked for this “choice.” The simple explanation for the policy’s failure is that, despite the DMA’s insistence to the contrary, users were always free to choose their preferred browser.

Supporters of digital-competition regulation will no doubt retort that India should also consider the costs of inaction. This is certainly true. But it should do so against the background of the existing legal framework, not a hypothetical legal and regulatory vacuum. Digital platforms are already subject to general (and fully functional) competition law, as well as to a range of other sector-specific regulations.

For instance, Amazon and Flipkart are precluded by India’s foreign-direct-investment (FDI) policy from offering first-party sales[21] to end-users on their e-commerce platforms. In addition, the CCI has launched several investigations of digital-platform conduct that would presumably be caught by the DCA, including by Google,[22] Amazon,[23] Meta,[24] Apple,[25] and Flipkart.[26]

The facile dichotomy made between digital-competition regulation and “the digital wild west”[27] is essentially a red herring. Nobody is saying that digital platforms should be above the law. Rather, the question is whether a special competition law is necessary and justified considering the costs such a law would engender, as well as the availability of other legal and regulatory instruments to tackle the same conduct.

This is particularly the case when these legal and regulatory instruments incorporate time-honed analytical tools, heuristics, and procedural safeguards. In 2019, India’s Competition Law Review Committee[28] concluded that a special law was unnecessary. In a report titled “Competition Policy for the Digital Era,”[29] a panel of experts retained by the European Commission reached the same conclusion.

Complicating the question further still is that the DCA would mark a paradigm shift for Indian competition policy. In 2000, the Raghavan Committee Report was crucial in aligning Indian competition law with international best practices, including by moving analysis away from blunt structural presumptions and toward the careful observance of economic effects. As such, it paved the way for the 2002 Competition Act—a milestone of Indian law.

The DCA, by contrast, would overturn these advancements to target companies based on size, obviating any effects analysis. This would amount to taking Indian competition law back to the era of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of 1969 (MRTP). Again, is the hodgepodge of products and services known collectively as “digital markets” sufficiently unique to warrant such a drastic deviation from well-established antitrust doctrine?

The third group of costs that the government must consider are the DCA’s enforcement costs. The five DMA noncompliance investigations launched recently by the European Commission have served to dispel the once-common belief that the law would be “self-executing”[30] and that its enforcement would be collaborative, rather than adversarial. With just 80 dedicated staff,[31] many believe the Commission is understaffed[32] to enforce the DMA (initially, the most optimistic officials asked for 220 full-time employees).[33] If the EU—a sprawling regulatory superstate[34]—struggles to find the capacity to deploy digital-competition rules, can India expect to fare any better?

Enforcing the DCA would require expertise in a range of fields, including competition law, data privacy and security, telecommunications, and consumer protection, among others. Either India can produce these new experts, or it will have to siphon them from somewhere else. This raises the question of opportunity costs. Assuming that India even can build a team to enforce the DCA, the government would also need to be reasonably certain that, given the significant overlaps in expertise, these resources wouldn’t yield better returns if allocated elsewhere—such as, for example, in the fight against cartels or other more obviously nefarious conduct.

In short, if the government cannot answer the question of how much the Indian public stands to gain for every Rupee of public money invested into enforcing the DCA, it should go back to the drawing board and either redesign or drop the DCA altogether.

III. India Is Not Europe

When deciding whether to adopt digital-competition rules, India should consider its own interests and play to its strengths. These need not be the same as Europe’s and, indeed, it would be surprising if they were. Despite the European Commission’s insistence to the contrary, the DMA is not a law that enshrines general or universal economic truths. It is, and always has been, an industrial policy tool,[35] designed to align with the EU’s strengths, weaknesses, and strategic priorities. One cannot just assume that these idiosyncrasies translate into the Indian context.

As International Center for Law & Economics President Geoffrey Manne has written,[36] promotion of investment in the infrastructure required to facilitate economic growth and provision of a secure environment for ongoing innovation are both crucial to the success of developing markets like India’s. Securing these conditions demands dynamic and flexible competition policymaking.

For young, rapidly growing industries like e-commerce and other digital markets, it is essential to attract consistent investment and industry know-how in order to ensure that such markets are able to innovate and evolve to meet consumer demand. India has already witnessed a few leading platforms help build the necessary infrastructure during the nascent stages of sectoral development; continued investment along these lines will be essential to ensure continued consumer benefits.

In the above context, emulating the EU’s DMA approach could be a catastrophic mistake. Indian digital platforms are still not as mature as the EU’s, and a copy and paste of the DMA may prove unfit for the particular attributes of India’s market. The DCA could potentially capture many Indian companies. Paytm, Zomato, Ola Cabs, Nykaa, AllTheRooms, Squeaky, FlipCarK, MakeMyTrip, and Meesho (among others) are some of the companies that could be stifled by this new regulatory straitjacket.

This would not only harm India’s competitiveness, but would also deny consumers important benefits. Despite India’s remarkable economic growth over the last decade, it remains underserved by the most powerful consumer and business technologies, relative to its peers in Europe and North America. The priority should be to continue to attract and nurture investment, not to impose regulations that may further slow the deployment of critical infrastructure.

Indeed, this also raises the question of whether the EU’s objectives with the DMA are even ones that India would want to emulate. While the DMA’s effects are likely to be varied, it is clear that one major impetus for the law is distributional: to ensure that platform users earn a “fair share” of the benefits they generate. Such an approach could backfire, however, as using competition policy to reduce profits may simply lead to less innovation and significantly reduced benefits for the very consumers it is supposed to help. This risk is significantly magnified in India, where the primary need is to ensure the introduction and maintenance of innovative technology, rather than fine tuning the precise distribution of its rewards.

A DMA-like approach could imperil the domestic innovation that has been the backbone of initiatives like Digital India[37] and Startup India.[38] Implementation of a DMA-like regime would discourage growing companies that may not be able to cope with the increased compliance burden. It would also impose enormous regulatory burdens on the government and great uncertainty for businesses, as a DMA-like regime would require the government to define and quantify competitive benchmarks for industries that have not yet even grown out of their nascent stages. At a crucial juncture when India is seen as an investment-friendly nation,[39] implementation of a DMA-like regime could create significant roadblocks to investment—all without any obligation on the part of the government to ensure that consumers benefit.

This is because ex-ante regimes impose preemptive constraints on digital platforms, with no consideration of possible efficiencies that benefit consumers. While competition enforcement in general may tend to promote innovation, jurisdictions that do not allow for efficiency defenses tend to produce relatively less innovation, as careful, case-by-case competition enforcement is replaced with preemptive prohibitions that impede experimentation.

Regulation of digital markets that have yet to reach full maturity is bound to create a more restrictive environment that will harm economic growth, technological advancement, and investment. For India, it is crucial that a nuanced approach is taken to ensure that digital markets can sustain their momentum, without being bogged down by various and unnecessary compliance requirements that are likely to do more harm than good.

IV. Conclusion

In a multi-polar world, developing countries can no longer be expected to mechanically adopt the laws and regulations demanded of them by senior partners to trade agreements and international organizations. Nor should they blindly defer to foreign legislatures, who may (and likely do) have vastly different interests and priorities than their own.

Nobody is denying that the EU has provided many useful legal and regulatory blueprints in the past, many of which work just as well abroad as they do at home. But based on what we know so far, the DMA is not poised to become one of them. It is overly stringent, ignores efficiencies, is indifferent about effects on consumers, incorporates few procedural safeguards, is lukewarm on cost-benefit analysis, and risks subverting well-established competition-law principles. These notably include that the law should ultimately protect competition, not competitors.

Rather than instinctively playing catch up, India could ask the hard questions that the EU eschewed for the sake of a quick political victory against popular bogeymen. What is this law trying to achieve? What are the DCA’s supposed benefits? What are its potential costs? Do those benefits outweigh those costs? If the answer to these questions is ambivalent or negative, India’s digital future may well lay elsewhere.

[1] Report of the Committee on Digital Competition Law, Government of India Ministry of Corporate Affairs (Feb. 27, 2024), https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=gzGtvSkE3zIVhAuBe2pbow%253D%253D&type=open.

[2] Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council, on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act) (Text with EEA relevance), Official Journal of the European Union, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925.

[3] Press Release, Designated Gatekeepers Must Now Comply With All Obligations Under the Digital Markets Act, European Commission (Mar. 7, 2024), https://digital-markets-act.ec.europa.eu/designated-gatekeepers-must-now-comply-all-obligations-under-digital-markets-act-2024-03-07_en.

[4] Press Release, Digital Markets Act: Commission Designates Six Gatekeepers, European Commission (Sep. 6, 2023), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328.

[5] Press Release, Cade and European Commission Discuss Collaboration on Digital Market Agenda Ministério da Justiça e Segurança Pública (Mar. 29, 2023), https://www.gov.br/cade/en/matters/news/cade-and-european-commission-discuss-collaboration-on-digital-market-agenda.

[6] Summary of Remarks by Jean Tirole, Analysis Group (Sep. 27, 2018), available at https://www.analysisgroup.com/globalassets/uploadedimages/content/insights/ag_features/summary-of-remarks-by-jean-tirole_english.pdf.

[7] Geoffrey A. Manne, Google’s India Case and a Return to Consumer-Focused Antitrust, Truth on the Market (Feb. 8, 2018), https://truthonthemarket.com/2018/02/08/return-to-consumer-focused-antitrust-in-india.

[8] Adam Kovacevich, The Digital Markets Act’s “Statler & Waldorf” Problem, Chamber of Progress, Medium (Mar. 7, 2024), https://medium.com/chamber-of-progress/the-digital-markets-acts-statler-waldorf-problem-2c9b6786bb55.

[9] Id.

[10] Remarks by Executive-Vice President Vestager and Commissioner Breton on the Opening of Non-Compliance Investigations Under the Digital Markets Act, European Commission (Mar. 25, 2024), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_24_1702.

[11] Makena Kelly, Here’s Why Threads Is Delayed in Europe, The Verge (Jul. 10, 2023), https://www.theverge.com/23789754/threads-meta-twitter-eu-dma-digital-markets.

[12] Andrew Grush, Did You Know Google Gemini Isn’t Available in Europe Yet?, Android Authority (Dec. 7, 2023), https://www.androidauthority.com/did-you-know-google-gemini-isnt-available-in-europe-yet-3392451.

[13] Edith Hancock, ‘Severe Pain in the Butt’: EU’s Digital Competition Rules Make New Enemies on the Internet, Politico (Mar. 25, 2024), https://www.politico.eu/article/european-union-digital-markets-act-google-search-malicious-compliance.

[14] Oliver Bethell, An Update on Our Preparations for the DMA, Google Blog (Jan. 17, 2024), https://blog.google/around-the-globe/google-europe/an-update-on-our-preparations-for-the-dma.

[15] Mirai, Linkedin (Apr. 17, 2024), https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7161330551709138945.

[16] Alex Heath, Meta Says Apple Has Made It ‘Very Difficult’ To Build Rival App Stores in the EU, The Verge (Feb. 2, 2024), https://www.theverge.com/2024/2/1/24058572/zuckerberg-meta-apple-app-store-iphone-eu-sideloading.

[17] Id.

[18] 2022 App Store Transparency Report, Apple Inc. (2023), available at https://www.apple.com/legal/more-resources/docs/2022-App-Store-Transparency-Report.pdf.

[19] About the Browser Choice Screen in iOS 17, Apple Developer, (Feb. 2024), https://developer.apple.com/support/browser-choice-screen.

[20] Remarks by Executive-Vice President Vestager and Commissioner Breton on the Opening of Non-Compliance Investigations Under the Digital Markets Act, EUROPEAN COMMISSION, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_24_1702.

[21] Saheli Roy Choudhury, If You Hold Amazon Shares, Here’s What You Need to Know About India’s E-Commerce Law, CNBC (Feb. 4, 2019), https://www.cnbc.com/2019/02/05/amazon-how-india-ecommerce-law-will-affect-the-retailer.html.

[22] Press Release, CCI Imposes a Monetary Penalty of Rs.1337.76 Crore on Google for Anti-Competitive Practices in Relation to Android Mobile Devices, Competition Commission of India (Oct. 20, 2022), https://www.cci.gov.in/antitrust/press-release/details/261/0; CCI Orders Probe Into Google’s Play Store Billing Policies, The Economic Times, (Sep. 7, 2023), https://economictimes.indiatimes.com/tech/startups/competition-watchdog-orders-probe-into-googles-play-store-billing-policies/articleshow/108528079.cms.

[23] Why Competition Commission of India Is Investigating Amazon, Outlook, (May. 1, 2022), https://business.outlookindia.com/news/explained-why-is-competition-commission-of-india-probing-amazon-news-194362.

[24] HC Dismisses Facebook India’s Plea Challenging CCI Probe Into Whatsapp’s 2021 Privacy Policy, The Economic Times (Sep. 7, 2023), https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/women-participation-in-tech-roles-in-non-tech-sectors-to-grow-by-24-3-by-2027-report/articleshow/109374509.cms.

[25] Case No. 24 of 2021, Competition Commission of India, (Dec. 31, 2021), https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/32/0.

[26] Supra note 23.

[27] Anne C. Witt, The Digital Markets Act: Regulating the Wild West, 60(3) Common Market Law Review 625 (2023).

[28] Report of Competition Law Review Committee, Indian Economic Service (Jul. 2019), available at https://www.ies.gov.in/pdfs/Report-Competition-CLRC.pdf.

[29] Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye, & Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, European Commission Directorate-General for Competition (2019), https://data.europa.eu/doi/10.2763/407537.

[30] Strengthening the Digital Markets Act and Its Enforcement, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Sep. 7, 2021), available at https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/XYZ/zweites-gemeinsames-positionspapier-der-friends-of-an-effective-digital-markets-act.pdf.

[31] Meghan McCarty Carino, A New EU Law Aims to Tame Tech Giants. But Enforcing It Could Turn out to Be Tricky Marketplace (Mar. 7, 2024), https://www.marketplace.org/2024/03/07/a-new-eu-law-aims-to-tame-tech-giants-but-enforcing-it-could-turn-out-to-be-tricky.

[32] Id.

[33] Luca Bertuzzi & Molly Killeen, Digital Brief: DSA Fourth Trilogue, DMA Diverging Views, France’s Fine for Google, EurActiv (Apr. 1, 2022), https://www.euractiv.com/section/digital/news/digital-brief-dsa-fourth-trilogue-dma-diverging-views-frances-fine-for-google.

[34] Anu Bradford, The Brussels Effect: The Rise of a Regulatory Superstate in Europe, Columbia Law School (Jan. 8, 2013), https://www.law.columbia.edu/news/archive/brussels-effect-rise-regulatory-superstate-europe.

[35] Lazar Radic, Gatekeeping, the DMA, and the Future of Competition Regulation, Truth on the Market (Nov. 8, 2023), https://truthonthemarket.com/2023/11/08/gatekeeping-the-dma-and-the-future-of-competition-regulation.

[36] Geoffrey A. Manne, European Union’s Digital Markets Act Not Suitable for Developing Economies, Including India, The Times of India (Feb. 14, 2023), https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/european-unions-digital-markets-act-not-suitable-for-developing-economies-including-india.

[37] Digital India, Common Services Centre (Apr. 18, 2024), https://csc.gov.in/digitalIndia.

[38] Startup India, Government of India (Apr. 16, 2024), https://www.startupindia.gov.in.

[39] Invest India, Government of India (Mar. 20, 2024), https://www.investindia.gov.in/why-india.

 

Ayear after it was created by the Government of India’s Ministry of Corporate Affairs to examine the need for a separate law on competition in digital markets, India’s Committee on Digital Competition Law (CDCL) in February both published its report recommending adoption of such rules and submitted the draft Digital Competition Act (DCA), which is virtually identical to the European Union’s Digital Markets Act (DMA).

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Cuando los procesos internos de una plataforma de comercio electrónico fallan, o cuando simplemente sus directivos o empleados toman decisiones equivocadas —digamos, enviando un pedido a una dirección incorrecta— un consumidor o un grupo de consumidores se ven perjudicados. Estos errores son fácilmente subsanables si la plataforma en cuestión tiene un buen proceso de atención al cliente.

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Mexico’s Federal Economic Competition Commission (COFECE, after its Spanish acronym) has published the preliminary report it prepared following its investigation of competition in the retail electronic-commerce market (e.g., Amazon). The report finds that: 

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We, the undersigned, are scholars from the International Center for Law & Economics (ICLE) with experience in the academy, enforcement agencies, and private practice in competition law. We write to address a key aspect of proposed amendments to Canadian competition law. Specifically, we focus on clauses in Bill C-59 pertinent to mergers and acquisitions and, in particular, the Bureau of Competition’s recommendation that the Bill should:

Amend Clauses 249-250 to enact rebuttable presumptions for mergers consistent with those set out in the U.S. Merger Guidelines.^[1]

The Bureau’s recommendation seeks to codify in Canadian competition law the structural presumptions outlined in the 2023 U.S. Federal Trade Commission (FTC) and U.S. Justice Department (DOJ) Merger Guidelines.  On balance, however, adoption of that recommendation would impede, rather than promote, fair competition and the welfare of Canadian consumers.

The cornerstone of the proposed change lies in the introduction of rebuttable presumptions of illegality for mergers that exceed specified market-share or concentration thresholds. While this approach may seem intuitive, the economic literature and U.S. enforcement experience militate against its adoption in Canadian law.

The goal of enhancing—indeed, strengthening—Canadian competition law should not be conflated with the adoption of foreign regulatory guidelines. The most recent U.S. Merger Guidelines establish new structural thresholds, based primarily on the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and market share, to establish presumptions of anticompetitive effects and illegality. Those structural presumptions, adopted a few short months ago, are inconsistent with established economic literature and are untested in U.S. courts. Those U.S. guidelines should not be codified in Canadian law without robust deliberation to ensure alignment with Canadian legal principles, on the one hand, and with economic realities and evidence, on the other.

Three points are especially important. First, concentration measures are widely considered to be a poor proxy for the level of competition that prevails in a given market. Second, lower merger thresholds may lead to enforcement errors that discourage investment and entrepreneurial activity and allocate enforcement resources to the wrong cases. Finally, these risks are particularly acute when concentration thresholds are used not as useful indicators but, instead, as actual legal presumptions (albeit rebuttable ones). We discuss each of these points in more detail below.

What Concentration Measures Can and Cannot Tell Us About Competition

While the use of concentration measures and thresholds can provide a useful preliminary-screening mechanism to identify potentially problematic mergers, substantially lowering the thresholds to establish a presumption of illegality is inadvisable for several reasons.

First, too strong a reliance on concentration measures lacks economic foundation and is likely prone to frequent error. Economists have been studying the relationship between concentration and various potential indicia of anticompetitive effects—price, markup, profits, rate of return, etc.—for decades.^[2] There are hundreds of empirical studies addressing this topic.^[3]

The assumption that “too much” concentration is harmful assumes both that the structure of a market is what determines economic outcomes and that anyone could know what the “right” amount of concentration is. But as economists have understood since at least the 1970s (and despite an extremely vigorous, but futile, effort to show otherwise), market structure does not determine outcomes.^[4]

This skepticism toward concentration measures as a guide for policy is well-supported, and is held by scholars across the political spectrum.  To take one prominent, recent example, professors Fiona Scott Morton (deputy assistant U.S. attorney general for economics in the DOJ Antitrust Division under President Barack Obama, now at Yale University); Martin Gaynor (former director of the FTC Bureau of Economics under President Obama, now serving as special advisor to Assistant U.S. Attorney General Jonathan Kanter, on leave from Carnegie Mellon University), and Steven Berry (an industrial-organization economist at Yale University) surveyed the industrial-organization literature and found that presumptions based on measures of concentration are unlikely to provide sound guidance for public policy:

In short, there is no well-defined “causal effect of concentration on price,” but rather a set of hypotheses that can explain observed correlations of the joint outcomes of price, measured markups, market share, and concentration.…

Our own view, based on the well-established mainstream wisdom in the field of industrial organization for several decades, is that regressions of market outcomes on measures of industry structure like the Herfindahl-Hirschman Index should be given little weight in policy debates.^[5]

As Chad Syverson recently summarized:

Perhaps the deepest conceptual problem with concentration as a measure of market power is that it is an outcome, not an immutable core determinant of how competitive an industry or market is… As a result, concentration is worse than just a noisy barometer of market power. Instead, we cannot even generally know which way the barometer is oriented.^[6]

This does not mean that concentration measures have no use in merger screening. Rather, market concentration is often unrelated to antitrust-enforcement goals because it is driven by factors that are endogenous to each industry. Enforcers should not rely too heavily on structural presumptions based on concentration measures, as these may be poor indicators of the instances in which antitrust enforcement is most beneficial to competition and consumers.

At What Level Should Thresholds Be Set?

Second, if concentration measures are to be used in some fashion, at what level or levels should they be set?

The U.S. 2010 Horizontal Merger Guidelines were “b?ased on updated HHI thresholds that more accurately reflect actual enforcement practice.”^[7] These numbers were updated in 2023, but without clear justification. While the U.S. enforcement authorities cite several old cases (cases that implicated considerably higher levels of concentration than those in their 2023 guidelines), we agree with comments submitted in 2022 by now-FTC Bureau of Economics Director Aviv Nevo and colleagues, who argued against such a change. They wrote:

Our view is that this would not be the most productive route for the agencies to pursue to successfully prevent harmful mergers, and could backfire by putting even further emphasis on market definition and structural presumptions.

If the agencies were to substantially change the presumption thresholds, they would also need to persuade courts that the new thresholds were at the right level. Is the evidence there to do so? The existing body of research on this question is, today, thin and mostly based on individual case studies in a handful of industries. Our reading of the literature is that it is not clear and persuasive enough, at this point in time, to support a substantially different threshold that will be applied across the board to all industries and market conditions. (emphasis added) ^[8]

Lower merger thresholds create several risks. One is that such thresholds will lead to excessive “false positives”; that is, too many presumptions against mergers that are likely to be procompetitive or benign. This is particularly likely to occur if enforcers make it harder for parties to rebut the presumptions, e.g., by requiring stronger evidence the higher the parties are above the (now-lowered) threshold. Raising barriers to establishing efficiencies and other countervailing factors makes it more likely that procompetitive mergers will be blocked. This not only risks depriving consumers of lower prices and greater innovation in specific cases, but chills beneficial merger-and-acquisition activity more broadly. The prospect of an overly stringent enforcement regime discourages investment and entrepreneurial activity. It also allocates scarce enforcement resources to the wrong cases.

Changing the Character of Structural Presumptions

Finally, the risks described above are particularly acute, given the change in the character of structural presumptions described in the U.S. Merger Guidelines. The 2023 Merger Guidelines—and only the 2023 Merger Guidelines—state that certain structural features of mergers will raise a “presumption of illegality.”^[9]

U.S. merger guidelines published in 1982,^[10] 1992 (revised in 1997),^[11] and 2010^[12] all describe structural thresholds seen by the agencies as pertinent to merger screening. None of them mention a “presumption of illegality.” In fact, as the U.S. agencies put it in the 2010 Horizontal Merger Guidelines:

The purpose of these thresholds is not to provide a rigid screen to separate competitively benign mergers from anticompetitive ones, although high levels of concentration do raise concerns. Rather, they provide one way to identify some mergers unlikely to raise competitive concerns and some others for which it is particularly important to examine whether other competitive factors confirm, reinforce, or counteract the potentially harmful effects of increased concentration.^[13]

The most worrisome category of mergers identified in the 1992 U.S. merger guidelines were said to be presumed “likely to create or enhance market power or facilitate its exercise.” The 1982 guidelines did not describe “presumptions” so much as that certain mergers that may be matters of “significant competitive concern” and “likely” to be subject to challenge.

Hence, earlier editions of the U.S. merger guidelines describe the ways that structural features of mergers might inform, but not determine, internal agency analysis of those mergers. That was useful information for industry, the bar, and the courts. Equally useful were descriptions of mergers that were “unlikely to have adverse competitive effects and ordinarily require no further analysis,”^[14] as well as intermediate types of mergers that “potentially raise significant competitive concerns and often warrant scrutiny.”^[15]

Similarly, the 1992 U.S. merger guidelines identified a tier of mergers deemed “unlikely to have adverse competitive effects and ordinarily require no further analysis,” as well as intermediate categories of mergers either unlikely to have anticompetitive effects or, in the alternative, potentially raising significant competitive concerns, depending on various factors described elsewhere in the guidelines.^[16]

By way of contrast, the new U.S. guidelines include no description of any mergers that are unlikely to have adverse competitive effects. And while the new merger guidelines do stipulate that the “presumption of illegality can be rebutted or disproved,” they offer very limited means of rebuttal.

This is at odds with prior U.S. agency practice and established U.S. law. Until very recently, U.S. agency staff sought to understand proposed mergers under the totality of their circumstances, much as U.S. courts came to do. Structural features of mergers (among many others) might raise concerns of greater or lesser degrees. These might lead to additional questions in some instances; more substantial inquiries under a “second request” in a minority of instances; or, eventually, a complaint against a very small minority of proposed mergers. In the alternative, they might help staff avoid wasting scarce resources on mergers “unlikely to have anticompetitive effects.”

Prior to a hearing or a trial on the merits, there might be strong, weak, or no appreciable assessments of likely liability, but there was no prima facie determination of illegality.

And while U.S. merger trials did tend to follow a burden-shifting framework for plaintiff and defendant production, they too looked to the “totality of the circumstances”^[17] and a transaction’s “probable effect on future competition”^[18] to determine liability, and they looked away from strong structural presumptions. As then-U.S. Circuit Judge Clarence Thomas observed in the Baker-Hughes case:

General Dynamics began a line of decisions differing markedly in emphasis from the Court’s antitrust cases of the 1960s. Instead of accepting a firm’s market share as virtually conclusive proof of its market power, the Court carefully analyzed defendants’ rebuttal evidence.^[19]

Central to the holding in Baker Hughes—and contra the 2023 U.S. merger guidelines—was that, because the government’s prima facie burden of production was low, the defendant’s rebuttal burden should not be unduly onerous.^[20] As the U.S. Supreme Court had put it, defendants would not be required to clearly disprove anticompetitive effects, but rather, simply to “show that the concentration ratios, which can be unreliable indicators of actual market behavior . . . did not accurately depict the economic characteristics of the [relevant] market.”^[21]

Doing so would not end the matter. Rather, “the burden of producing additional evidence of anticompetitive effects shifts to the government, and merges with the ultimate burden of persuasion, which remains with the government at all times.”^[22]

As the U.S. Supreme Court decision in Marine Bancorporation underscores, even by 1974, it was well understood that concentration ratios “can be unreliable indicators” of market behavior and competitive effects.

As explained above, research and enforcement over the ensuing decades have undermined reliance on structural presumptions even further. As a consequence, the structure/conduct/performance paradigm has been largely abandoned, because it’s widely recognized that market structure is not outcome–determinative.

That is not to say that high concentration cannot have any signaling value in preliminary agency screening of merger matters. But concentration metrics that have proven to be unreliable indicators of firm behavior and competitive effects should not be enshrined in Canadian statutory law. That would be a step back, not a step forward, for merger enforcement.

 

^[1] Matthew Boswell, Letter to the Chair and Members of the House of Commons Standing Committee on Finance, Competition Bureau Canada (Mar. 1, 2024), available at https://sencanada.ca/Content/Sen/Committee/441/NFFN/briefs/SM-C-59_CompetitionBureauofCND_e.pdf.

^[2] For a few examples from a very large body of literature, see, e.g., Steven Berry, Martin Gaynor, & Fiona Scott Morton, Do Increasing Markups Matter? Lessons from Empirical Industrial Organization, 33J. Econ. Perspectives 44 (2019); Richard Schmalensee, Inter-Industry Studies of Structure and Performance, in 2 Handbook of Industrial Organization 951-1009 (Richard Schmalensee & Robert Willig, eds., 1989); William N. Evans, Luke M. Froeb, & Gregory J. Werden, Endogeneity in the Concentration-Price Relationship: Causes, Consequences, and Cures, 41 J. Indus. Econ. 431 (1993); Steven Berry, Market Structure and Competition, Redux, FTC Micro Conference (Nov. 2017), available at https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/1208143/22_-_steven_berry_keynote.pdf; Nathan Miller, et al., On the Misuse of Regressions of Price on the HHI in Merger Review, 10 J. Antitrust Enforcement 248 (2022).

^[3] Id.

^[4] See Harold Demsetz, Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy, 16 J. L. & Econ. 1 (1973).

^[5] Berry, Gaynor, & Scott Morton, supra note 2.

^[6] Chad Syverson, Macroeconomics and Market Power: Context, Implications, and Open Questions 33 J. Econ. Persp. 23, (2019) at 26.

^[7] Joseph Farrell & Carl Shapiro, The 2010 Horizontal Merger Guidelines After 10 Years, 58 REV. IND. ORG. 58, (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-020-09807-6.

^[8] John Asker et al, Comments on the January 2022 DOJ and FTC RFI on Merger Enforcement (Apr. 20, 2022), available at https://www.regulations.gov/comment/FTC-2022-0003-1847 at 15-6.

^[9] U.S. Dep’t Justice & Fed. Trade Comm’n, Merger Guidelines (Guideline One) (Dec. 18, 2023), available at https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/2023_merger_guidelines_final_12.18.2023.pdf.

^[10] U.S. Dep’t Justice, 1982 Merger Guidelines (1982), https://www.justice.gov/archives/atr/1982-merger-guidelines.

^[11] U.S. Dep’t Justice & Fed. Trade Comm’n, 1992 Merger Guidelines (1992), https://www.justice.gov/archives/atr/1992-merger-guidelines; U.S. Dep’t Justice & Fed. Trade Comm’n, 1997 Merger Guidelines (1997), https://www.justice.gov/archives/atr/1997-merger-guidelines.

^[12] U.S. Dep’t Justice & Fed. Trade Comm’n, Horizontal Merger Guidelines (Aug. 19, 2010), https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010; The U.S. antitrust agencies also issued Vertical Merger Guidelines in 2020. Although these were formally withdrawn in 2021 by the FTC, but not DOJ, they too are supplanted by the 2023 Merger Guidelines. See U.S. Dep’t Justice & Fed. Trade Comm’n, Vertical Merger Guidelines (Jun. 30, 2020), available at https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1580003/vertical_merger_guidelines_6-30-20.pdf.

^[13] 2010 Horizontal Merger Guidelines.

^[14] Id.

^[15] Id.

^[16] 1992 Merger Guidelines.

^[17]  United States v. Baker-Hughes Inc., 908 F.2d 981, 984 (D.C. Cir. 1990).

^[18] Id. at 991.

^[19] Id. at 990 (citing Hospital Corp. of Am. v. FTC, 807 F.2d 1381, 1386 (7th Cir.1986), cert. denied, 481 U.S. 1038, 107 S.Ct. 1975, 95 L.Ed.2d 815 (1987).

^[20]  Id. at 987, 992.

^[21]  United States v. Marine Bancorporation Inc., 418 U.S. 602, 631 (1974) (internal citations omitted).

^[22]  Baker-Hughes, 908 F.2d at 983.

The EU’s Digital Markets Act (DMA) will come into effect March 7, forcing a handful of digital platforms to change their market conduct in some unprecedented ways. The law effectively judges them guilty (with a very limited, formalistic trial), and brands them “gatekeepers” based purely on size. It then sentences them to far-reaching, one-size-fits-all antitrust-style remedies in pursuit of the stated objectives of “fairness” and “contestability.” We’ll soon begin to see what that looks like in practice, and whether innocent conduct will be caught in the crossfire.

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La implementación de la Ley de Mercados Digitales (LMD) en Europa nos puede dar algunas lecciones regulatorias a los países que, desde este lado del Atlántico, queremos emular al viejo continente (ya hay una iniciativa en Brazil; y la Comunidad Andina y México han indicado su intención de estudiar el tema).

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